La gobernadora Fabiana Ríos fue denunciada ayer penalmente junto con el ministro de Obras Públicas Manuel Benegas y a empresarios locales. El abogado Alejandro de la Riva los acusa de presunta defraudación contra la administración pública, por la millonaria expropiación de tierras usurpadas en la Margen Sur. Dijo que es “una forma de defenderse” tras la acción por injurias que le inició la mandataria.
Ríos sumó ayer otra denuncia penal y, de prosperar, será investigada por el presunto delito de defraudación contra la administración pública junto al ministro de Obras Públicas Manuel “Chubi” Benegas y los empresarios que participaron en la expropiación de tierras en la Margen Sur.
La denuncia fue radicada por el abogado Alejandro de la Riva, que había sido demandado por Ríos por sus declaraciones públicas vinculadas con esta operación, que considera un “negociado”, en razón de la compra de terrenos a muy bajo precio y su “reventa” al Estado por una cifra que ronda los 18 millones.
Si bien no se trata de una venta sino de una expropiación, De la Riva plantea una suerte de plan por el cual se alentó la usurpación de las tierras para luego obtener beneficios del Estado, ya sea provincial como municipal, y en plena campaña política.
En declaraciones a FM Artika, el denunciante vinculó directamente su presentación con la acción por injurias que le inició Ríos, e intentará probar que las imputaciones de corrupción que ofendieron a la mandataria tendrían una base de realidad.
“Es una forma de defenderme de los daños y perjuicios”, dijo sobre su denuncia, y agregó que “al margen de lo significativo o no del reclamo, quiero dejar claro cómo funciona el Poder Judicial”.
Aseguró haber recibido “algunos aportes interesantes que tienen que ver con la Margen Sur”, luego de que se conociera la demanda de Ríos en su contra, y que serán usados como prueba.
A modo de repaso, recordó que la situación se circunscribe a la ley de expropiación de tierra de la Margen Sur donde se encuentran los asentamientos ilegales, que todavía no se pagó y “por eso estoy haciendo la denuncia, porque la idea era pagar esta semana”, dijo.
Espera que se pueda evitar este supuesto perjuicio al Estado y en la presentación requiere la intervención del Fiscal de Estado, para que ejerza el control de legalidad.
“Que sepa que hay una denuncia penal, que tiene que ver con los fondos de la soja y las tierras que están expropiando, y que este monto de expropiación forma parte de la denuncia penal”, dijo sobre el reclamo de intervención a Martínez de Sucre.
Explicó que estas tierras que se compraron a 750 mil dólares “son más de cien hectáreas, y se están expropiando menos de la mitad, 55 hectáreas, por 14 millones de pesos. Estas eran tierras de pastoreo cuando funcionaba el CAP, después dejó de ser tierra de pastoreo para que traigan la hacienda antes de llevarla al frigorífico, y pasó a ser un gran negocio inmobiliario dentro de la ciudad. Esto en realidad no tendría que expropiarse, sino que tendrían que confiscarse, porque el origen no era para un negocio inmobiliario”, sostuvo.
La cuestión se relaciona “con el precio al que compraron las tierras que le ‘enchufan’ al Estado. Ese grupo compra estas tierras a la Sociedad de Productores y en principio hacen el negocio entre privados. El grupo de inversores le dice a la Sociedad de Productores que le van a comprar las tierras intrusadas, y las compran a un precio vil. Luego empiezan las negociaciones para ‘enchufárselas’ o al municipio o al estado provincial”, indicó, dado que en un comienzo se planteaba un canje de tierras con la Municipalidad de Río Grande en la zona norte de la ciudad.
De la Riva precisó que “en la campaña política de Longhi, Fabiana Ríos y compañía, se fue fomentando la ocupación de estas tierras por gente con necesidades concretas. Esto no es contra la gente que está en ese lugar”, aclaró, y luego de que se frustra el canje de tierras municipal se avanza sobre la expropiación y el dictado de la norma que declara la utilidad pública.
“Las tierras no valían nada antes de intrusadas, y a partir de intrusadas empiezan a valer”, subrayó, y apuntó a los empresarios como responsables de haber pedido que el precio lo determinara el Tribunal de Tasación de la Nación.
En la denuncia, el abogado afirma que uno de los empresarios pagó los pasajes y viáticos de al menos uno de los miembros del Tribunal, sobre quien habría influido en la forma de calcular el valor de la tierra.
“No negociaron directamente con el Estado, llamaron al Tribunal de Tasación de la Nación, les pagaron pasajes, viáticos y les dieron la información de cuánto tienen que decir que valen”, aseveró, y agregó que “todo estuvo avalado” por Benegas y Ríos como responsable política.
Para el denunciante “esto es una vulgar defraudación a la administración pública”, que espera que investigue la justicia.
Poca confianza
Sin embargo se adelantó a decir que es posible que la presentación termine en un cajón, pero apuntó que la nueva denuncia “va a formar parte de la contestación de la demanda” que le inició Ríos por injurias, tras haber planteado maniobras fraudulentas en esta operación.
Resaltó que de prosperar la denuncia “va a obligar a que vengan los socios de la Sociedad de Productores”, que se han mantenido en silencio pero íntimamente habrían expresado su malestar por haber vendido barato sus tierras y encontrarse con una expropiación por varios millones. “Casualmente la plusvalía la dio el delito, la intrusión, la usurpación”, expuso De la Riva.
Observó que la ley de expropiación fue aprobada por la Legislatura “entre la campaña para la primera y la segunda vuelta de gobierno. No es casualidad cuándo se vota la ley. Acá no hay ninguna casualidad. El entonces marido de la gobernadora (Gustavo Longhi) tenía su grupo de acción política en las tierras ocupadas. Es más: salieron representantes de la gente que estaba ocupando estas tierras que tenían cargos públicos. Los privados toleraron la ocupación y el gran negociado fue cómo se fue armando esto. Primero se tolera la ocupación, a partir de ahí este grupo de inversores compra a precio vil y se paga con moneda de ruina esas tierras que son muy caras. La ocupación ilegal fue el mérito para que valgan catorce o quince veces más”, aseguró.
Concluyó con un pedido al Fiscal para que “antes de jubilarse le haga un bien a la provincia evitando que los fondos de la soja terminen en manos de estos inescrupulosos”.
La denuncia
La denuncia del Dr. Alejandro de la Riva fue presentada ante el fiscal de turno y apunta al delito de defraudación a la administración pública (previsto y penado por el artículo 174, inc. 5 del Código Penal), y los que surjan de la investigación, “contra la señora María Fabiana Ríos, gobernadora de esta provincia, contra el señor Manuel Benegas, ministro de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos de la provincia, como así también contra todas las demás personas que tuvieren responsabilidad penal en las maniobras que se describirán a continuación”, dice textualmente.
Centra la investigación en la expropiación de tierras ubicadas en el sector denominado Margen Sur de Río Grande, y espera que se pruebe que “detrás de este procedimiento legal se lleva y se llevó a cabo un verdadero negociado en perjuicio de la administración pública, al haberse establecido un monto de indemnización muy superior al valor real de los bienes, todo ello en connivencia entre las autoridades gubernamentales y un grupo de inversionistas particulares”.
Cita varias publicaciones periodísticas que hacen referencia al tema y tienen como denominador común tratarlo de “negociado”, dado que las tierras se compraron en 750 mil dólares, y se expropió la mitad cuyo valor equivaldría –de acuerdo al cambio del momento- a poco más de un millón de pesos; en tanto la reserva para el pago de dicha expropiación es de 18 millones, tomados de fondos de la soja.
“Lo curioso del caso es que uno de los integrantes del Tribunal de Tasación de la Nación, que debía realizar un procedimiento transparente e imparcial para la determinación del precio de las tierras, fue traído a la provincia por un empresario inmobiliario que se encargó de pagar y costear los viáticos de por lo menos uno de los integrantes de aquél tribunal y, además, de brindarle las pautas para la medición que habría de arrojar, nada menos, el valor total de la expropiación, convirtiéndola así en una operación comercial espuria”, señala en otro párrafo.
De la Riva subraya que “todas las expresiones públicas hechas particularmente en la prensa hacen mención de negociado”, aunque sólo contra él avanza la demanda por injurias de parte de Ríos.
Entre los requerimientos al Fiscal, figura que solicite copias de las publicaciones de los medios, además aporta copia del informe de dominio donde consta el valor de la tierra, y pide que se cite a los accionistas de la Sociedad de Productores de Tierra del Fuego -en liquidación- para que presten declaración testimonial y “expongan ante el tribunal cómo se llevaron adelante las reuniones previas a la venta y cómo se fijó el precio”.
También se pide que se requieran al Tribunal de Cuentas de la Provincia “todos los antecedentes que obran en su poder, relacionados con la expropiación aprobada” y “todas las notas de pedidos de informes cursados al gobierno provincial”.
Otra medida requerida es hacia el Tribunal de Tasación de la Nación “respecto de toda intervención que le cupo en la determinación del valor de las tierras, particularmente la del macizo 151 de Río Grande”, y que informe “quiénes de sus integrantes fueron comisionados o delegados para esta tarea; de qué manera se costearon los gastos de viático y hospedaje de los mismos, y todo otro detalle que sirva de interés para la investigación”.
Obviamente, se pide copia de los expedientes de expropiación que obran en poder del gobierno y la documentación que tenga la Legislatura sobre el tema.
Finalmente, que “se informe al Fiscal de Estado sobre la presentación de esta denuncia penal, a los fines de que pueda ejercer su rol constitucional”.
